miércoles, 8 de septiembre de 2010

Miles de argentinos esperan por leyes que no se ponen en marcha

05/09/10 - 02:02
Fueron aprobadas pero el Gobierno no las reglamenta. Afectan a celíacos, discapacitados, padres con hijos chiquitos y hasta pymes. La más vieja es de 1959. El problema se repite en la Ciudad.


Los miles y miles de celíacos que en diciembre del año pasado festejaron la sanción de una ley que protege sus derechos, no podían imaginar –porque parece increíble– que nueve meses después esa ley haya sido apenas un gesto, puro valor testimonial. Es que así es. La ley nunca fue reglamentada, es decir que nunca se definió cómo va a ponerse en práctica, por lo cual en los hechos es como si no estuviera vigente. Así como ellos, miles de madres que trabajan y no saben dónde dejar a sus hijos, pymes deseosas de beneficios fiscales, y hasta los 400 mil obesos que, aún con una ley en curso, han encontrado en la reglamentación más escollos que soluciones.


Lobbys, intereses, presiones, simple desidia o quizá hasta olvidos en los laberintos burocráticos. Las explicaciones pueden ser amplias, públicas o secretas, pero la única verdad está en los hechos: decenas de leyes sancionadas por el Congreso han reconocido derechos a la ciudanía, pero esos derechos están siendo violados por la ausencia del paso administrativo decisivo de las leyes, esto es, su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

Las reglamentaciones son, sino el corazón, la metodología de aplicación de las normas. ¿Qué organismo se ocupará de llevarla a la práctica? ¿A qué tipo de actores económicos o sociales involucra? ¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios del derecho? Si eso no está definido, la ley simplemente no puede ponerse en marcha. Y este problema no es cosa de unos pocos.

Cuatrocientos mil son los celíacos afectados por la no reglamentación de la ley 25.588, sancionada en diciembre pasado. Esa enfermedad es crónica y los obliga a alimentarse de por vida con productos libres de gluten, sustancia que sus cuerpos rechazan. Pero claro, son productos mucho más caros que los demás, y no suelen estar especialmente identificados. La ley, que venía siendo reclamada hacía años, exigió la identificación desde fábrica de los productos para celíacos, la realización de campañas de concientización, y obligó a las prepagas y obras sociales a pagar parte del costo de los alimentos –que en este caso son como remedios–, entre otras medidas. Hubo manifestaciones en el Congreso que reunieron a cientos de personas, la ley salió, pero quedó varada. Simple: el gobierno nacional no la reglamentó. Hoy, para los celíacos, tener una ley así es igual a no tenerla.

La lista de perjudicados por esta práctica es larga. No se han reglamentado leyes que benefician a enfermos del Mal de Chagas (la lucha contra ese mal fue declarada de interés nacional en septiembre de 2007) o leyes que ayudan a la asistencia domiciliaria de los discapacitados (aprobada en marzo de 2009) o a las madres que necesitan o quieren dar a luz a sus hijos en su casa pero el Estado no les cubre el costo (ley 25.929, del 25 de agosto de 2004). “El trámite posterior a la sanción de las leyes queda sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Es preocupante ver cómo leyes que fueron sancionadas para proteger el derecho a la salud aún no han sido reglamentadas. La falta de implementación de esas normas hace que las mismas no puedan ponerse en marcha, generando mayores obstáculos y responsabilidad al propio Estado”, dice Natalia Monti, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

El senador opositor Samuel Cabanchik, de “Proyecto Buenos Aires Federal”, hizo hace unos meses un relevamiento de las leyes que no habían sido reglamentadas. La lista tiene más de quince casos, de los cuales trece corresponden a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por lo que ahora propone una ley que habilite a la Justicia a reglamentar leyes demoradas. Por ahora su proyecto deambula sin destino seguro, pero en todo caso apunta a una práctica que, aunque en los últimos años se hizo más frecuente, es histórica. La más antigua de las leyes sin reglamento data de 1959, y es la ley de protección de la actividad teatral. Esa ley impedía derrumbar teatros, salvo que fueran reemplazados por otros. Si hubiera sido reglamentada, habría evitado la demolición del mítico Teatro Odeón, por citar un caso, reemplazado en los ochenta por un estacionamiento en Esmeralda casi Corrientes.

Cuando Cristina Kirchner asumió, a fines de 2007, sostuvo que su Gobierno se iba a recordar por el estímulo a la suma de valor agregado tecnológico a la producción. Pocos meses antes, el 4 de junio de ese año, se había sancionado la Ley de Promoción y Desarrollo de la Biotecnología Moderna (26.270), que nunca se reglamentó. En el Congreso hay siete diputados que ya pidieron al gobierno, por escrito, que se reglamente esta ley clave para liberar de impuestos e incentivar a las pequeñas y medianas industrias que experimentan e investigan con la tecnología del futuro.

Para las mamás o papás que trabajan y tienen chicos a los que no pueden dejar solos en casa, la falta de reglamentación del artículo 179 de la Ley del Trabajo (de 1974) es clave. Esa ley obligaba a las empresas y al Estado a tener guarderías para esos chicos. También lleva meses sin ser reglamentada, por lo que muchas de esas madres hoy deben hacer malabares para sostener sus empleos o criar a sus hijos.

Derechos laborales, derechos de acceso a la salud, al desarrollo: hay leyes bloqueadas de todo tipo, también la Ley de control en el Registro de Precursores químicos (26.045), de junio de 2005, que entre otras cosas ayuda a evitar el comercio de efedrina o de otros productos codiciados por los narcotraficantes para elaborar drogas.
Y la lista sigue. El gobierno debe reglamentar la ley que estableció un porcentaje de puestos de trabajo en el Estado para las personas discapacitadas, la ley que prohíbe la venta de réplicas de armas en jugueterías, la ley que regula los derechos del paciente frente a los médicos (de octubre de 2009), la ley que prohíbe la utilización de PCB (altamente contaminante) en conexiones eléctricas, o la ley que unifica todos los planes de vivienda para pobres, o la ley que exige a los funcionarios declarar cada uno de los regalos que recibe, o la que promueve las actividades deportivas en los barrios.

Un caso extraño es el de la ley de obesos. Después de dos años dando vueltas por el Congreso la ley fue sancionada, pero con tantas trampas que la bloquearon. La norma otorga a los casi 400 mil obesos mórbidos la oportunidad de acceder a una operación de by pass gástrico pagada por las obras sociales y las prepagas. Pero esas empresas, que habían resistido la ley, lograron que el ministerio de Salud agregara en su reglamentación dos artículos que la hacen impracticable. En uno de esos artículos establece que el obeso debe demostrar que arrastra cinco años de obesidad, algo difícil de probar porque pocos tienen todos sus datos clínicos registrados y archivados. Y en otro artículo exigió a los obesos demostrar dos años de dieta ininterrupida.

“La hicieron tan difícil que ahora hay que ir directo a la Justicia. Pero antes presentábamos un amparo y salía en tres meses; ahora los jueces demoran más tiempo, pueden tardar hasta un año”, cuenta Oscar Amigo, operado el 20 de febrero de 2008, después de pelearse con su prepaga. Oscar es todo un caso. Pesaba 147 kilos y gracias a un by pass que costó 40 mil pesos, hoy pesa 85 kilos. Su vida empezó otra vez. Tomaba 14 fármacos por día; ya no. Sus hijos debían ayudarlo a levantarse de la cama; ya no.
¿Cuál es el costo, entonces, de ese cambio vital? ¿Lo saben los funcionarios que no reglamentan o lo hacen mal? Otra vez: lobbys, intereses, presiones, simple desidia o quizá hasta olvidos en los laberintos burocráticos. Las explicaciones pueden ser amplias, públicas o secretas, pero la única verdad está en los hechos.

Fuente: diario clarin

3 comentarios:

Pikerita dijo...

Eso es la mierrr (perdón) de política.. nos engañan, nos prometen.. pero na de naaaa.
Ánimo y a seguir.

Anónimo dijo...

En Mwendoza ya se ha realizado la regalmentacion y se esta a la espera de que el ejecutivo la ponga en marcha,eso nos pone reque contentos.Besos y espero que pronto se haga lo mismo en Bs. As.

Maldito Gluten dijo...

Anónimo: me alegro que en Mendoza estén más avanzados que acá, ojalá que el país entero tengo su ley, ojalá que todos los países tengan su ley celíaca..